La
Fiscalía Electoral emitió un
comunicado en el que sostiene que la reciente decisión del Órgano Judicial conlleva, por derecho propio, la nulidad absoluta
de las postulaciones a puestos de elección popular que ostenta Ricardo Martinelli, candidato
presidencial por el partido Realizando
Metas (RM).
La
entidad argumenta que la sentencia tiene un impacto jurídico constitucional que
debe ser acatado y ejecutado por las autoridades correspondientes. En este
sentido, destaca la responsabilidad del Tribunal
Electoral (TE), en sus funciones administrativas electorales, de llevar a
cabo la ejecución y cumplimiento de la sentencia contra Martinelli.
La
Fiscalía Electoral también recuerda que la Constitución
Política, en su artículo 142, otorga al TE la competencia privativa para
interpretar la ley electoral. Además, el artículo 144 establece que la Fiscalía General Electoral es un órgano
colaborativo de la jurisdicción electoral de Panamá.
Es
importante destacar que, de acuerdo con la Constitución Política, en los
artículos 153 (numeral 4), 180 y 22 (numeral 3), los ciudadanos condenados por
delito doloso con pena privativa de libertad por cinco años o más no pueden ser
candidatos a puestos de elección popular.
La
Fiscalía Electoral subraya que someter la decisión del Órgano Judicial a un
proceso jurisdiccional podría interpretarse como un desconocimiento de la
facultad constitucional de un órgano del Estado.
La
sentencia judicial en firme, emitida de conformidad con las normas procesales
vigentes, está fuera del alcance de cuestionamientos o desconocimientos por
parte del Tribunal Electoral o la Fiscalía Electoral, según su posición.
La
Fiscalía Electoral reitera que corresponde al Tribunal Electoral, de manera
administrativa, dar cumplimiento a la decisión emitida por el Órgano Judicial.
Por lo tanto, considera que un procedimiento judicial o jurisdiccional que
busque cuestionar la decisión de un poder del Estado, emitida de conformidad
con la Constitución Política, no es viable ni apropiado.
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Cabe
recordar que Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión
por lavado de dinero y actualmente está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá.
Además,
el exmandatario también fue condenado a pagar una multa de 19 millones de dólares.
