Por: Alex Valencia*
Por allí apareció recientemente un supuesto decálogo tratando de abonar a las pretensiones de impedir la prórroga automática, como establece la ley, del contrato suscrito en 1997 entre el Estado y la empresa concesionaria Panamá Ports Company (PPC). Tales pretensiones no expresan preocupación por el futuro desarrollo marítimo y portuario nacional. Esconden, más bien, oscuros apetitos de competidores desleales en ambas riberas del Canal y sus instrumentos mediáticos. Esa campaña, que parte de una matriz argumentativa, como se demuestra a continuación, está plagada de falsedades.
1. La equiparación de PPC del año 2002, a la que recurren con insistencia en estos días los detractores de la empresa concesionaria, se basó en el Artículo 2 de la Ley 12 del 3 de enero de 1996, mediante la cual se otorgó el contrato de concesión a Colon Container Terminal (CCT) administrado por la taiwanesa Evergreen, que se aplicó también a Manzanillo Internacional Terminal (MIT), que desde 1995, opera la estadunidense SSA Marine.
2. La adenda negociada en el 2005 por el presidente Martín Torrijos para modificar la equiparación, le produjo al Estado pagos por $102 millones en contraprestación por el uso de la infraestructura, el compromiso de inversión de $1,000 millones, que al final fueron $1,695 millones, de acuerdo a lo certificado por la Contraloría General de la República (CGR) y generó $445 millones en dividendos y movimiento de contenedores entregados por PPC. A eso debe sumarse el estimado de $816 millones que recibirá el Estado en los próximos 25 años de concesión, lo que representan $1,261 millones, que se empeñan en ocultar quienes arguyen que le fueron exonerados a PPC por la equiparación.
3. El proyecto de Farfán, que esos mismos críticos ahora sacan a relucir, no era factible. En esa área, en la salida del Pacífico del Canal, se acumula tal cantidad de lama que requiere un dragado permanente lo que hace que el proyecto no sea rentable.
4. El proyecto de un nuevo puerto en Corozal fracasó por el costo de alquiler de 70 hectáreas que cobraría la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al futuro operador portuario, según el pliego de cargos de la licitación. Inicialmente, el alquiler anual sería de $15 millones, adicional a los incrementos periódicos durante la vida del proyecto. Las empresas calificadas no hicieron propuesta económica, porque el proyecto no era rentable.
5. Los dividendos fueron reinvertidos para alcanzar el desarrollo que experimentan actualmente los puertos de Balboa y Cristóbal. Eso en ningún momento incurrió en violación de las cláusulas del Contrato Ley y así fue certificado por la CGR.
6. Los buques Neopanamax atracan en el puerto de Balboa desde el 2006 y todas las inversiones hechas por PPC en esa terminal, desde 1997 cuando se suscribió la concesión, han sido para navíos Postpanamax y Neopanamax.
7. Las condiciones del terreno en las Islas Telfers, que están dentro de la concesión a PPC, no permitieron desarrollar una terminal de contenedores porque demandaba tal inversión que al final la operación no era rentable. Las otras empresas concesionarias también mantienen terrenos para actividades correlacionadas con sus operaciones como la descarga de combustible bunker o gas natural licuado.
8. La posición geográfica es una ventaja natural de Panamá de la que se benefician todos los puertos en ambas riberas del Canal, no únicamente PPC. Por otro lado, el estar dentro de las aguas del Canal, en lugar de ser una ventaja, representa una gran desventaja operativa, ya que esos puertos no pueden tener su propio servicio de capitanes de barcos, como ocurre con las terminales fuera de la vía interoceánica. Dependen de que la ACP les de ese servicio y autorice la entrada y salida de barcos desde esos puertos.
9. La prórroga automática de la segunda etapa del contrato de concesión suscrito a 50 años entre el Estado y PPC, estaba sujeta a la certificación de haber cumplido a satisfacción las obligaciones contractuales por parte de la empresa portuaria. Eso fue certificado plenamente por la auditoria llevada a cabo por la CGR a lo largo de seis meses, contenida en 13 tomos de documentación.
10. PPC ha demostrado con creces los beneficios económicos que ha generado al país y a su desarrollo logístico. La CGR certificó que la empresa concesionaria aportó a la economía nacional $5,935 millones en los primeros 25 años de concesión, entre otros, en $445 millones en pagos directos al Estado, $1,695 millones en inversiones realizadas, $1,100 millones en salarios a trabajadores, $255 millones a la Caja de Seguro Social en cuota obrero patronal y $395 millones pagados a contratistas.
Los enemigos de Panamá son aquellos que esgrimen argucias y falsedades para tratar de que el Estado deje de honrar un Contrato Ley, y pretenden violar la seguridad jurídica y desestabilizar al gobierno con el pretexto de renegociaciones que carecen de fundamento jurídico, como lo han demostrado expertos locales e internacionales.
*Economista
