LA FUERZA DE UNA CONSTITUCIÓNPor: Jorge Zúñiga Sánchez ………………………………………………………………………………………Por poseer rango superior, las normas constitucionales no tienen asegurado el respeto ciudadano. El texto constitucional contiene un listado de principios rectores del poder, los que orientarán ideológicamente el sentido de todo el orden jurídico. Esta diferencia se aprecia en la magnanimidad con la que se tratan las desatenciones a las órdenes de la autoridad, y la extremada rigurosidad con la que el sistema protege sus valores esenciales. ¿Por qué habrán sociedades frágiles que dan cuentan de decenas de Constituciones escritas, mientras que en las inflexibles, ese texto pareciera estar escrito en piedra?. La Constitución no alcanza sus fines propuestos, proveyéndole gratuitamente beneficios a los ciudadanos, ni les pisotea sus libertades imponiéndoles deberes y compromisos de obligatorio cumplimiento. La creencia de que como “votaron por el ganador”, la solución de todos sus problemas es responsabilidad de los gobernantes. La Constitución vigente aún cuando se ajustó a las exigencias de los golpistas de 1968, no se insinuó la ruptura con el capitalismo. A pesar de que hoy son otros los retos que la globalización le impone a la sociedad democrática, sólo que en el discurso de los que recogen firmas o de los que les adversan, y del de los que preparan campañas para ser futuros constituyentes, sus principales argumentos son las críticas contra el gobierno de turno. ¿Quién escoge a los gobernantes? Nosotros mismos como acto de libertad, aunque poco parece importarnos conocer sus capacidades, cualidades y ni sus competencias. Y para colmo, esperamos a cambio “bonos o subsidios”, con lo que al politiquero le sale rentable ponerse del lado de los que a conveniencia, culpan de todo a la Constitución. No creemos posible que la Constitución que necesitamos en esta etapa surja del seno de una sociedad anarquizada, que no entiende de lealtades, ni de valores, ni de responsabilidades. Entonces, la Constitución no creemos que saldrá de un “debate ciudadano” en el que muchos de sus promotores están con los ojos puestos en el 2024. Por el contrario, optamos por un “acuerdo político”, que enfrenta como principal reto armonizar el interés social con el interés privado, conclusiones que servirán de base a la nueva Constitución que orientará nuestros esfuerzos hacia el desarrollo y la economía nacional.
