El
Gobierno Nacional expresó este 22 de abril su
"más enérgica protesta" hacia la
República de Nicaragua, debido a la permisividad con la que permite las actividades políticas de un exprediente, asilado en la sede diplomática de
Nicaragua en Panamá. La
Cancillería de Panamá emitió una nota en la que reclama el
"desplegado de acciones desde la sede diplomática en Panamá con fines político-partidistas", aunque no especificó las faltas cometidas por el asilado.
Esta es la cuarta vez que la Cancillería panameña presenta una queja formal a Nicaragua sobre la conducta del asilado, quien ha estado en la embajada nicaragüense desde el 7 de febrero, alegando persecución política. Esta solicitud se produce en medio de la campaña electoral, ya que hasta hace unos meses era candidato a la Presidencia de Panamá. Sin embargo, pocos días antes de buscar la reelección, fue condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, quedando así fuera de la carrera presidencial y sujeto a una orden de captura emitida por la juez a cargo del caso.
En la nota, la Cancillería panameña expresa que "la República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de Nicaragua, que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional". Como resultado, Panamá ha decidido llamar a consulta a su embajador en Nicaragua, José De Jesús Martínez, un movimiento que suele interpretarse como una fuerte advertencia diplomática y, en algunos casos, puede ser el preludio de la ruptura de relaciones bilaterales.
Previo a cualquier decisión, el embajador Martínez y el equipo de la Cancillería se reunirán para analizar la situación y determinar la mejor estrategia para manejar las crecientes tensiones entre Panamá y Nicaragua. Dentro de las posibles acciones que Panamá podría tomar se encuentran declarar no grata a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval, o incluso romper relaciones diplomáticas, aunque esta última opción se considera drástica y generalmente se evita por cuestiones de prudencia diplomática.
En el caso de romper relaciones, las opiniones sobre el destino del expresidente varían. Algunos expertos sugieren que Panamá podría verse obligada a proporcionar un salvoconducto para permitir su salida, mientras que otros opinan que podría quedar en un estado de indefensión, sin la protección de tratados internacionales. Esto se debe a que Nicaragua no es parte de la Convención de Caracas, lo que implica que Panamá no tiene la obligación de cumplir con ciertos protocolos internacionales de asilo.
En respuesta a la protesta panameña, Nicaragua deberá emitir una declaración oficial. Según expertos, el país podría argumentar que el asilado tiene derecho a la libre expresión y al ejercicio de sus derechos políticos, amparados por convenios de derechos humanos y principios del sistema interamericano.
