La
magistrada de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) Ariadne García,
en su papel de juez de garantías, decidió aplazar la audiencia de imputación a
la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez. Este aplazamiento se produce en medio de la
incertidumbre sobre si Rodríguez ha renunciado efectivamente a su cargo como
diputada en la Asamblea Nacional (AN)
de la mano de acusaciones de presunto blanqueo de capitales.
La
decisión de García de posponer la audiencia se basa en la necesidad de aclarar
si la renuncia de Rodríguez como diputada es oficial y válida. El abogado de
Rodríguez, Ángel Álvarez, solicitó
que se transfiriera la competencia del proceso al Ministerio Público, alegando presuntas irregularidades en el
proceso judicial. Sin embargo, la magistrada García desestimó esta petición,
argumentando que no se puede declinar la competencia sin la certificación
oficial sobre la renuncia de Rodríguez como diputada.
En
la audiencia, la magistrada María
Cristina Chen Stanziola, actuando como fiscal, señaló que el Presidente de
la AN, Jaime Vargas, no había sido
notificado oficialmente sobre la renuncia de Rodríguez. Ante esta falta de
evidencia clara, solicitó a García que pospusiera la audiencia hasta que se
obtuviera información veraz sobre el estatus de la renuncia.
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A
pesar de la petición del abogado Álvarez de realizar una inspección en la Secretaría General de la Asamblea para
obtener información sobre la renuncia de Rodríguez, la magistrada García no
accedió a esta solicitud. Álvarez presentó una nota del Secretario General de
la Asamblea, Quibian Panay, fechada
el 27 de febrero, que informaba sobre la renuncia de Rodríguez a la Comisión de
Credenciales, considerándola como prueba suficiente. Sin embargo, persiste la
discrepancia sobre el conocimiento oficial de la renuncia por parte del
Presidente Vargas.
