Nacional | Redacción Panamá Press | 25 de enero de 2021
El Dr. Luis Ramón Fábrega Sánchez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia reveló el origen de la investigación y la presentación de la denuncia penal contra un Juez civil en Chiriquí.
En virtud de la transparencia y el interés que se ha generado luego de la denuncia presentada contra un Juez de Circuito Civil de la provincia de Chiriquí, me corresponde como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comunicar lo siguiente:
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia recibió nota, fechada 16 de junio de 2020, dictada por el Colegio Nacional de Abogados (capítulo de Chiriquí), manifestando una serie de anomalías relacionadas con la mora judicial específicamente en los juzgados civiles, que recibieron eco en denuncias públicas a través de los medios de comunicación.
Recibida la misma, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se comunicó con la Presidenta del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, ente jurisdiccional al que le corresponde conocer de las causas administrativas que se siguen contra los jueces de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, para darle conocimiento de esto, informándonos la existencia de un proceso disciplinario seguido al Juez Primero de Circuito Civil de la provincia de Chiriquí, por una denuncia interpuesta en su contra.
La Presidencia de esta Corporación de Justicia, mantuvo constante comunicación con el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial; sin embargo, la Sala de Negocios Generales integrada por Luis Ramón Fábrega Sánchez (Presidente), Magistradas Angela Russo de Cedeño (Vicepresidenta) y María Eugenia López Arias (Presidenta de la Sala Penal), mediante nota con fecha 21 de octubre de 2020, giró instrucciones a la Dirección Administrativa de Auditoría Judicial para que realizara la verificación del funcionamiento y gestión del Juzgado Primero de Circuito Civil de la Provincia de Chiriquí, a fin de conocer la cantidad de expedientes en trámite, incluyendo el detalle de los procesos más antiguos y su condición procesal.
A través de Nota No. D.A.A.J. No.995 de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección Administrativa de Auditoría Judicial, se recibe el informe de la primera visita realizada al Juzgado Primero de Circuito Civil de Chiriquí, consignando importantes hallazgos. Este informe fue remitido por los Magistrados de la Sala Cuarta de Negocios Generales, al Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, con fecha de 7 de diciembre de 2020.
El Magistrado del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, Ponente en la acción disciplinaria seguida al Juez Primero de Circuito Civil de la Provincia de Chiriquí, solicitó a la Dirección de Auditoría Judicial, para que se constituyera como prueba en el proceso, una auditoría específica sobre el expediente motivo de la denuncia interpuesta contra el juez, que se constituyó en una acción disciplinaria.
Mediante Nota D.A.A.J. No.1003/2020 de 9 de diciembre de 2020, la Directora de Auditoría Judicial, hizo llegar el informe No. 044 D.A.A.J 2020, correspondiente a la auditoría realizada entre el 23 y el 27 de noviembre de 2020, al Juzgado Primero de Circuito Civil de la Provincia de Chiriquí, sobre aspectos que habían quedado pendientes en la auditoría anterior debido a la poca colaboración que recibieron los auditores.
Luego de estos dos áuditos, la Presidencia llegó a la conclusión que era necesario tomar las acciones correspondientes, por lo que se le solicitó, mediante Nota PCSJ N. 010 -2021, a la Magistrada María Eugenia López Arias, como Presidenta de la Sala Penal e integrante de la Sala Cuarta de Negocios Generales, que tomase las medidas correctivas ante las instancias que correspondiesen.
Acogida la petición, la Magistrada Presidenta de la Sala Penal procedió a interponer una denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, para que considere si, con fundamento en lo que se le comunica y las copias procedentes de la Dirección de Auditoría Judicial, es viable iniciar una investigación penal para que se practiquen u ordenen las diligencias útiles que determinen la existencia de uno o varios ilícitos y quienes son los responsables, sin que se soslayen las disposiciones constitucionales y legales acerca del derecho a la defensa, la reserva, la protección a la intimidad, el debido proceso, el estado de inocencia, de todos los que puedan resultar investigados.
En el Órgano Judicial estamos comprometidos con el servicio de excelencia y diariamente se realizan auditorías judiciales en todo el país con el propósito de transparentar y agilizar la tarea que se llevan a cabo en los Tribunales y las mismas sirven como una medida de control que busca la orientación hacía un sistema de gestión eficiente.
