La
Asamblea Nacional emitió un comunicado para desmentir las afirmaciones de un diario local que sugerían que los autos importados por los diputados fueron adquiridos con fondos públicos. Según la institución, cada diputado pagó personalmente por la compra de sus vehículos, cumpliendo con lo establecido en la
Ley 49 de 1984.
La Ley 49 de 1984 establece que los miembros de la Asamblea Nacional deben recibir al menos las mismas prerrogativas y asignaciones que los ministros de Estado. Por lo tanto, la compra de vehículos por parte de los diputados no constituye ningún delito contra el erario nacional.
Además, la Asamblea aclaró que los 12 vehículos alquilados al inicio del Quinto Periodo Legislativo fueron solicitados por la Junta Directiva y utilizados por diversos funcionarios de la institución, incluyendo al Presidente, Vicepresidentes, Secretario, Subsecretario y coordinadores de bancadas.
Con esta declaración, la Asamblea Nacional busca poner fin a cualquier malentendido sobre el origen y uso de los vehículos adquiridos por los diputados, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.